Descripción: Este artículo reseña el proceso de instalación del Defensor del Pueblo en Argentina en su etapa previa a la reforma constitucional de 1994. Desarrolla los ejes de dicho debate constituyente a través de una síntesis de las palabras de varios convencionales. Aborda, luego, la etapa posterior a la implementación del Defensor del Pueblo de la Nación insertando la norma constitucional de la provincia de Buenos Aires sobre el Defensor del Pueblo, así como también su incorporación en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finaliza explicitando la reformulación posterior respecto de la figura del "ombudsman" en el sistema interamericano y mencionando la red internacional que nuclea a las Defensorías del Pueblo, particularmente las de habla hispana y portuguesa.

Descripción: El ideal republicano es un poder judicial independiente, imparcial, honesto y capaz, que decida las causas de conformidad con el derecho y sirva de contrapeso a los otros dos poderes mediante el control de constitucionalidad. Pero realizar este ideal es difícil. Primero, por la constante presión política sobre la institución judicial, empezando por el modo de selección de los jueces. Segundo, porque el principialismo y el neoconstitucionalismo imponen a los magistrados, por vía de interpretación y de la garantía de los derechos, una función de tipo legislativo con alcance general, para la que la organización judicial no está diseñada. La raíz de este problema es filosófica: nuestra sociedad confiere a las valoraciones una categoría ontológica que supone un método para determinar la verdad de los enunciados de base subjetiva. Es posible, aunque difícil, salir de esta complicación, pero es preciso para eso impulsar en el derecho una revolución semejante a la copernicana.

Descripción: Mucho se ha escrito, y se debate aún, sobre cuál es el perfil, la formación, la capacidad, en fin, las características técnicas y personales más adecuadas para un magistrado de un Tribunal Constitucional o de una Corte Suprema con facultades de control de constitucionalidad. Se trata de un juez que deberá afrontar desafíos, conflictos, presiones y situaciones que están más allá de las ya, por sí, complejas circunstancias que rodean la función jurisdiccional y que deben enfrentar normalmente los jueces en ejercicio de su función de impartir justicia, resolviendo conflictos con neutralidad e imparcialidad. El juez constitucional debe tener la capacidad y conocimiento para insertarse eficazmente en el esquema funcional estatal de control del poder y acción de gobierno del ejecutivo y del legislativo y, además, la necesidad de ponderar con previsión las consecuencias sociales de sus decisiones articulándolas con el sistema constitucional y con las leyes infraconstitucionales.