Descripción: Partiendo de un examen histórico de los casos más trascendentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre temáticas relacionadas con la opinión pública, se destaca en el presente trabajo la manera en que dicha institución logra superar, a través de su propia actividad jurisdiccional, la tradicional visión restringida de la opinión pública relacionada con la participación acotada a los procesos electorales y al debate público canalizado por la prensa, evolucionando hacia otra con márgenes participativos más amplios.

Descripción: Este trabajo toma como base dos casos genéricos hipotéticos (aunque con verdadero anclaje en la realidad) como son la penalización de los periodistas por opiniones agraviantes cometidas en el debate público y la condena a un individuo por negarse a la transfusión de un familiar enfermo. A partir de allí reconstruye los dos principios basilares de la democracia constitucional liberal moderna, como son la libertad de expresión y la autonomía personal. Para ese cometido utiliza y rastrea en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema estadounidense. Llega a la conclusión de que las modificaciones legislativas producidas en Argentina en los últimos años en esas temáticas (2009 y 2012) pueden considerarse como el desarrollo deliberativo y encadenado de una práctica constitucional virtuosa.

Descripción: Los hechos ocurridos en nuestro país denominados popularmente "linchamientos", destacan el inmenso valor que en cualquier sociedad adquiere el Estado constitucional de derecho. El fenómeno de la inseguridad, la percepción ciudadana del fracaso del Estado como garante de la seguridad, ha crecido en forma exponencial durante la última década. Si bien parece un contrasentido indagar acerca de la posibilidad de encontrar algún justificativo jurídico, para una persona que decide "linchar" a otra que supuestamente cometió un delito; lo cierto es que el debate público que han generado estos episodios, nos invita a abordar este interrogante. Resulta imperioso actuar con mayor responsabilidad social que la exhibida, advirtiendo la peligrosidad que tienen estos actos, para la sociedad en su conjunto. En todo caso, debemos exhortar al Estado, a que cumpla definitivamente con el deber indelegable de garantizar la seguridad pública de todos sus habitantes, como lo señala la propia Constitución Nacional.