Descripción: La Constitución de España como un Estado social y democrático de Derecho representa un punto de partida y un objetivo, una cláusula de inicio y de cierre que vincula a los poderes públicos a fin de que, en el ejercicio de sus funciones, cumplan con la Constitución y los principios y derechos en ella reconocidos, así como el resto del ordenamiento jurídico. La configuración de las democracias contemporáneas ha estado acompañada de diversos principios propios de la configuración de los Estados como Estados de Derecho y Estados sociales, incorporando principios de indudable importancia y máxima eficacia, como el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la separación de poderes, la justicia o el pluralismo, entre otros. Sin embargo, desde la construcción de los Estados, mientras se enarbola el valor de libertad, se deja de lado la igualdad, particularmente la material, cuyo reto pendiente se encuentra en la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres como conformadores del pueblo soberano. En la configuración actual de los Estados, es necesario incorporar de manera definitiva el principio de igualdad de género o, como prefiero, principio feminista en la enseñanza de los principios intrínsecos a la Teoría del Estado a fin de entender definitivamente la necesidad de elaborar un nuevo pacto social, de convivencia y de construcción efectiva de la libertad en igualdad que revierta en la calidad de las democracias y de los Estados sociales de Derecho, como el español.