Descripción: Tras un siglo y medio de vaivenes y titubeos, en los que como consecuencia del escaso arraigo del sentimiento constitucional y la falta de valor normativo de las constituciones el estudio del constitucionalismo adoleció en España de falta de objeto y de método, hasta acabar convertido en una disciplina enciclopédica de consistencia magmática y límites imprecisos, la aprobación en 1978 de la actual Constitución española y el deslinde entre la Ciencia Política y el Derecho Constitucional impuesto a partir de 1981 hicieron posible que en las últimas cuatro décadas este haya perfilado de manera nítida su objeto y su método, avanzando a pasos agigantados hasta ocupar el lugar que merita en un Estado social y democrático de Derecho -y, sobre todo, el que este requiere de aquel- y dando lugar a una comunidad científica que en ese período de tiempo ha crecido, se ha renovado y ha enterrado en el proceso muchos viejos clichés. Tras llevar a cabo una apresurada caracterización de la evolución del Derecho Constitucional español desde los tiempos de Cádiz y unas reflexiones algo más precisas sobre su estado en el momento de inicio de la transición democrática española, el presente estudio analizará las principales preocupaciones dogmáticas y líneas de investigación del Derecho Constitucional español en los últimos cuarenta años, diferenciando las propias de los tiempos de la puesta en marcha del nuevo sistema constitucional de las surgidas al hilo de su actual crisis.

Descripción: La Constitución de España como un Estado social y democrático de Derecho representa un punto de partida y un objetivo, una cláusula de inicio y de cierre que vincula a los poderes públicos a fin de que, en el ejercicio de sus funciones, cumplan con la Constitución y los principios y derechos en ella reconocidos, así como el resto del ordenamiento jurídico. La configuración de las democracias contemporáneas ha estado acompañada de diversos principios propios de la configuración de los Estados como Estados de Derecho y Estados sociales, incorporando principios de indudable importancia y máxima eficacia, como el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la separación de poderes, la justicia o el pluralismo, entre otros. Sin embargo, desde la construcción de los Estados, mientras se enarbola el valor de libertad, se deja de lado la igualdad, particularmente la material, cuyo reto pendiente se encuentra en la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres como conformadores del pueblo soberano. En la configuración actual de los Estados, es necesario incorporar de manera definitiva el principio de igualdad de género o, como prefiero, principio feminista en la enseñanza de los principios intrínsecos a la Teoría del Estado a fin de entender definitivamente la necesidad de elaborar un nuevo pacto social, de convivencia y de construcción efectiva de la libertad en igualdad que revierta en la calidad de las democracias y de los Estados sociales de Derecho, como el español.