Descripción: El presente artículo tiene como finalidad analizar el fenómeno de los blogs como parte de una transformación más profunda de las estructuras sociales, políticas y jurídicas surgidas a partir de las innovaciones de la Web 2.0, y que genera nuevas formas de gestionar, producir, informarse, comunicarse e incluso participar políticamente.

Descripción: Este trabajo toma como base dos casos genéricos hipotéticos (aunque con verdadero anclaje en la realidad) como son la penalización de los periodistas por opiniones agraviantes cometidas en el debate público y la condena a un individuo por negarse a la transfusión de un familiar enfermo. A partir de allí reconstruye los dos principios basilares de la democracia constitucional liberal moderna, como son la libertad de expresión y la autonomía personal. Para ese cometido utiliza y rastrea en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema estadounidense. Llega a la conclusión de que las modificaciones legislativas producidas en Argentina en los últimos años en esas temáticas (2009 y 2012) pueden considerarse como el desarrollo deliberativo y encadenado de una práctica constitucional virtuosa.

Descripción: La coexistencia de dos sistemas positivos para la protección de derechos fundamentales (el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional local) puede generar alguna disonancia e incluso conflicto. Para procurar reducir estas divergencias, existen alternativas que van desde la imposibilidad de aplicación del derecho constitucional local (uso autoritativo del derecho internacional) hasta la negación expresa del derecho internacional de los derechos humanos (la posición tradicional de Estados Unidos en materia de libertad de expresión). Entre uno y otro extremo, Europa ha optado por un sistema que procura la confluencia de la aplicación de los dos sistemas, no siempre con éxito. La posición de algunos estados europeos a favor de la punición de las prácticas negacionistas es un ejemplo claro de ello. Si bien en los últimos años la jurisprudencia internacional y regional europea se ha consolidado a favor del antinegacionismo jurídico, esta tendencia parece haberse revertido a partir del fallo de Tribunal Superior Constitucional de España (STC 235/2007) que declaró la inconstitucionalidad del delito de negacionismo por entender que no era compatible con el artículo 20.1 CE, que garantiza el derecho a la libertad de expresión. Al desconocer los lineamientos estipulados por el DIDH frente al tratamiento de las "leyes memoriales", reabre el debate respecto del alcance y la eficacia del sistema internacional de derechos humanos frente a los ordenamientos jurídicos locales y da cuenta de esta tensión manifiesta. A esta situación de por sí controversial, se la suma que las directivas estipuladas desde el derecho internacional no han sido lo suficientemente claras y unívocas. Luego de exhortar a los estados a legislar el delito de negacionismo, de haber formulado condenas en sus decisiones individuales, el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General Número 34, ha vuelto sobre sus pasos al declarar con firmeza que este tipo de leyes son incompatibles con el PIDCyP. Este tipo de contradicciones por parte de uno de los organismos más relevantes de la comunidad internacional va en desmedro de la posibilidad de reducción de las disonancias en el debate derecho local vs. derecho internacional. Resulta esencial que los órganos de derechos humanos establezcan pautas y criterios orientadores claros de modo que los estados puedan comprender en qué sentido deben adecuar su ordenamiento jurídico interno, generando mayor cohesión a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.

Descripción: Dossier "Algunas miradas sobre la Constitución y el Derecho Internacional". El autor analiza la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina de no cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Fontevecchia vs. Argentina en lo que concierne a la anulación de una sentencia del tribunal nacional que afectaba el derecho a la libertad de expresión del denunciante. La posición crítica del autor a la posición de la Corte Suprema se centra en torno a que esta ha soslayado la relevancia y el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir del estudio de trabajos académicos de los magistrados que tomaron la decisión, el autor señala aspectos problemáticos de las posturas allí desarrolladas como, por ejemplo, una visión errónea del concepto de comunidad política y de comunidad interpretativa. También aplica la noción de derecho como integridad para sugerir una posible solución alternativa a la disputa interpretativa entre tribunales internacionales y tribunales nacionales señalando la importancia del diálogo jurisdiccional como medio para identificar el significado de los principios y derechos fundamentales expresados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Descripción: Los sistemas, productos y servicios basados en las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) y la Internet han generado cambios paradigmáticos en la vida cotidiana de las personas, motivo por el cual se considera a estas tecnologías como parte de la "Cuarta Revolución Industrial". De las múltiples aristas que invitan a su exploración, la que más interés (y alarmas) ha despertado en juristas y políticos es la de la protección de los datos personales, debido a la eventual afectación a los derechos a la privacidad que estos sistemas podrían causar. En este trabajo se realiza una exploración a la problemática de la protección de datos, desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho, en tanto, si bien los datos son una expresión de los constitucionales derechos a la privacidad y a la dignidad, los desarrollos tecnológicos son el resultado de los también constitucionales derechos a la libertad de comercio y a ejercer industria lícita. Frente a la potencial colisión de ambas tutelas constitucionales, y sin desatender el impacto que las nuevas tecnologías han demostrado tener sobre el sistema económico de los países que las abrazan se sugiere la profundización del principio de la Autonomía de la Voluntad, como instrumento jurídico que facilita y promueve el equilibrio entre derechos, obligaciones e intereses de usuarios y desarrolladores; y que arroja como resultado mejores niveles de coordinación social, sin desatender la eficiencia económica