Descripción: En este artículo describiré los fenómenos ocurridos en la Argentina desde mediados del siglo XX, que conllevarán a un cambio en los paradigmas jurídicos y sociales. En principio, como referencia, nombro el fenómeno del neoconstitucionalismo, cuya principal consecuencia fue la ruptura del principio de igualdad. Además, analizaré la figura de la suspensión del denominado juicio a prueba, como un ejemplo de ello; y como una aproximación a la realidad actual de los procesos jurídicos en Sudamérica.

Descripción: Aunque el bloque constitucional federal es suficiente para construir una igualdad real de género, existe una distancia entre la letra de la ley y su vigencia sociológica; de ahí que resulta necesario que los principios constitucionales de la tributación, con importante eficacia normativa, constituyan un puente entre constitución formal y su vigencia sociológica.

Descripción: En el presente trabajo me propongo realizar una aproximación al derecho de la salud y derecho del consumidor en nuestro país, pensando el pasado y proyectando el futuro, con una impronta bioética y desde un enfoque interdisciplinario. Trataremos la temática de la relación de consumo y de la relación médico-paciente, desde la mirada de los derechos individuales y de los derechos de incidencia colectiva, de cara a la Argentina digna, igualitaria y saludable que nos merecemos.

Descripción: Sección: Artículos recibidos por convocatoria abierta.--Resumen: El rol del apoyo o salvaguardias se presenta en la evolución del derecho a la salud como personalísimo y universal. La CPCD incorporada a nuestro derecho interno plantea desafíos en torno a la accesibilidad de los derechos de las personas con discapacidad, el diseño universal y los ajustes razonables, frente a la capacidad jurídica de los actos formales (arts. 31, 32 y 43 CCyC) y por otro lado al ejercicio de una vida independiente. Su incidencia en las prestaciones médicas tanto de efectores públicos como privados resalta la revisión de los límites a su otorgamiento. Así como su correlato con figuras afines como el asistente domiciliario, acompañante terapéutico y asistente personal.

Descripción: La cuestión del financiamiento de los partidos políticos es de suma importancia, acorde a las funciones que estos cumplen dentro del sistema democrático. En la actualidad resulta impensable que las organizaciones políticas puedan cumplir sus fines sin disponer de recursos económicos y financieros toda vez que la revolución tecnológica y los cambios culturales han modificado la forma de hacer política y su comunicación de manera determinante, repercutiendo en las economías partidarias. Si bien cada país ha regulado esta materia de manera diversa, todas presentan rasgos comunes que han permitido elaborar un esquema básico con las características más relevantes de cada uno. Se conocen así tres tipos de financiamiento: público, privado o mixto, según si los fondos provienen del estado, de aportes privados o de ambos. La República Argentina, que evidenció durante décadas un contexto social y jurídico bastante permisivo en relación a democracias más avanzadas como Estados Unidos o el Reino Unido, ha adoptado un sistema de financiamiento mixto. A partir de la década de 1980, y a medida que el sistema institucional se iba consolidando, la demanda de la ciudadanía por una mayor transparencia en el manejo de los fondos partidarios fue aumentando. Sin embargo, fue recién en el año 2001 como parte de la respuesta a la crisis de confianza alcanzada que se dictó una ley específica sobre el financiamiento partidario. Las disposiciones contables contenidas en la ley de partidos políticos Nº23.298 resultaban insuficientes a la hora de controlar sus finanzas, no solo respecto al límite de sus gastos sino también en los aportes recibidos. El objetivo era encontrar formas superadoras de fiscalización que resultaran eficaces, además de garantizar transparencia y equidad en la asignación y destino de los fondos. De este modo, el 12 de junio de 2001 se sancionó la ley 25.600 que rigió hasta el año 2007, cuando se dictó la ley Nº26.215 que fuera a su vez modificada de manera sustancial en 2009 a través de la reforma introducida por la ley 26.571. El régimen de financiamiento argentino es completo, prevé la asignación de fondos para el desenvolvimiento institucional de los partidos y para las campañas. Establece límites de gastos, de aportes, nuevos mecanismos de control y sanciones. Un avance fue imponer a los partidos la presentación de un informe previo de campaña, propendiendo al voto informado del elector, además del informe final documentado. No obstante, queda camino por recorrer y para ello se necesita que quienes actúan en la política asuman el compromiso de aceptar y promover las reglas de la transparencia, porque de otro modo el objetivo no se podrá alcanzar.

Descripción: El presente artículo parte de la premisa de que la interpretación y la aplicación de los derechos constitucionales en el derecho privado, en un sistema pluralista de Estado de Derecho, se desarrollan mediante su reconocimiento según formas de ejercicio igualmente plurales. Asimismo, se evidencia cómo, bajo un perfil metodológico, la estructuración de las reglas depende de los procesos formativos jurisprudenciales y de qué modo, desde un perfil sistemático, la igualdad en la aplicación -tratamiento igual de lo que es igual- asume naturaleza constituyente. Los elementos teoréticos, normativos y materiales son sujetos a un régimen de coesencialidad para la formación y concretización de los conceptos y la constante redefinición de sus elementos constitutivos. Este trabajo muestra cómo la aplicación posee una naturaleza lógica autónoma con respecto a la interpretación en sí, e implica una doble función simultánea: la concretización de las normas y el control de coherencia de la decisión adoptada con el sistema normativo. Simétricamente, desde la perspectiva iusprivatística, las situaciones subjetivas solo concretizadas en las fattispecie son reconocidas según un régimen de existencia, configuración conceptual precisa y eficacia correlativa. A partir de este marco teórico, el objetivo del presente artículo es examinar la institución de la exención religiosa en los Estados Unidos desde la perspectiva de la situación subjetiva de derecho privado, y abordar de qué modo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se identifican, de manera privilegiada, áreas de contraste entre tal institución y el Estado de Derecho. En estas líneas se aborda la carencia de un concepto reconocido de religión como consecuencia de la autorrestricción en sede judicial, principalmente por parte de la Corte Suprema, y la consecuente indeterminación taxonómica en la aplicación. En este sentido, se refuta la posibilidad de su fundación doctrinal a través del método analógico o, como hipótesis, a partir del pensamiento por tipo. Asimismo, se focaliza la secuencia de efectos que conduce al desplazamiento conceptual de la libertad de conciencia por parte de la libertad de religión en la interpretación de la Primera Enmienda.

Descripción: Dossier "Pensando el Covid y los derechos". -- Este artículo fue concluido el viernes 8 de mayo de 2020, por lo que varios datos se verán necesariamente desactualizados en función de la evolución de la crisis. Agradezco la colaboración de Francisco Rodríguez Abinal, y las conversaciones mantenidas con Dalile Antúnez, Ezequiel Nino, María Emilia Mamberti, María Noel Leoni y Gustavo Maurino en base a inquietudes surgidas durante la redacción del trabajo. También a Cecilia B. Calello por la ayuda en la búsqueda de información. -- La crisis de Covid irrumpió en un contexto de elevados índices de pobreza, desigualdad y afectación de derechos económicos, sociales y culturales, e impactará de manera diferenciada sobre quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad. Tras el paso de la crisis sanitaria, dichas vulneraciones así como los índices de pobreza y desigualdad se agravarán. Al mismo tiempo que se requerirá una fuerte actuación estatal para compensar los impactos agravados de la crisis, el espacio fiscal se verá reducido producto de los efectos de la parálisis de la economía generada por la cuarentena. En ese contexto, se torna urgente dar cumplimiento con el deber de adoptar medidas adecuadas tendientes a respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales mediante un plan fiscal con enfoque de derechos, una cuenta pendiente en nuestro país. El texto esboza las obligaciones estatales originadas en el derecho internacional de los derechos humanos que resultan relevantes para articular el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan. Palabras clave: derechos humanos, derechos económicos sociales y culturales, política fiscal, presupuesto, tributos, políticas públicas con enfoque de derecho, progresividad, no discriminación, igualdad, máximo de los recursos disponibles, regresividad, participación, rendición de cuentas, transparencia.