Descripción: En el presente trabajo se analiza, desde una mirada criminológica y semiótica, el modo en que los medios de comunicación tratan las cuestiones vinculadas con el delito. Para ello, brindaremos una breve explicación respecto de la relación existente entre la criminología y los medios de comunicación partiendo del método sociológico. Se analizarán los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación efectuada en el marco del Proyecto UBA DeCyT sobre "Medios de comunicación y delito".

Descripción: Partiendo de un examen histórico de los casos más trascendentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre temáticas relacionadas con la opinión pública, se destaca en el presente trabajo la manera en que dicha institución logra superar, a través de su propia actividad jurisdiccional, la tradicional visión restringida de la opinión pública relacionada con la participación acotada a los procesos electorales y al debate público canalizado por la prensa, evolucionando hacia otra con márgenes participativos más amplios.

Descripción: Existe un consenso generalizado sobre el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el desarrollo actual de las instituciones democráticas representativas. En este trabajo se plantea, por un lado, la revisión de las posibilidades y beneficios que conlleva la denominada "democracia digital" o "democracia electrónica" con relación al gobierno abierto, la transparencia y agilización de los procesos electorales, y las nuevas formas de participación ciudadana. Por el otro, se operacionaliza el tema considerando los problemas resultantes de la específica manera en que se han desarrollado las TIC: el control y las garantías que plantea su utilización, la brecha digital, la desinformación, la proliferación de noticias falsas y la recolección de información sensible encubierta. Por último, se presentan estándares y estrategias que tienen por finalidad regular y mitigar los efectos adversos del uso de las TIC con relación a los derechos de participación política

Descripción: La cuestión del financiamiento de los partidos políticos es de suma importancia, acorde a las funciones que estos cumplen dentro del sistema democrático. En la actualidad resulta impensable que las organizaciones políticas puedan cumplir sus fines sin disponer de recursos económicos y financieros toda vez que la revolución tecnológica y los cambios culturales han modificado la forma de hacer política y su comunicación de manera determinante, repercutiendo en las economías partidarias. Si bien cada país ha regulado esta materia de manera diversa, todas presentan rasgos comunes que han permitido elaborar un esquema básico con las características más relevantes de cada uno. Se conocen así tres tipos de financiamiento: público, privado o mixto, según si los fondos provienen del estado, de aportes privados o de ambos. La República Argentina, que evidenció durante décadas un contexto social y jurídico bastante permisivo en relación a democracias más avanzadas como Estados Unidos o el Reino Unido, ha adoptado un sistema de financiamiento mixto. A partir de la década de 1980, y a medida que el sistema institucional se iba consolidando, la demanda de la ciudadanía por una mayor transparencia en el manejo de los fondos partidarios fue aumentando. Sin embargo, fue recién en el año 2001 como parte de la respuesta a la crisis de confianza alcanzada que se dictó una ley específica sobre el financiamiento partidario. Las disposiciones contables contenidas en la ley de partidos políticos Nº23.298 resultaban insuficientes a la hora de controlar sus finanzas, no solo respecto al límite de sus gastos sino también en los aportes recibidos. El objetivo era encontrar formas superadoras de fiscalización que resultaran eficaces, además de garantizar transparencia y equidad en la asignación y destino de los fondos. De este modo, el 12 de junio de 2001 se sancionó la ley 25.600 que rigió hasta el año 2007, cuando se dictó la ley Nº26.215 que fuera a su vez modificada de manera sustancial en 2009 a través de la reforma introducida por la ley 26.571. El régimen de financiamiento argentino es completo, prevé la asignación de fondos para el desenvolvimiento institucional de los partidos y para las campañas. Establece límites de gastos, de aportes, nuevos mecanismos de control y sanciones. Un avance fue imponer a los partidos la presentación de un informe previo de campaña, propendiendo al voto informado del elector, además del informe final documentado. No obstante, queda camino por recorrer y para ello se necesita que quienes actúan en la política asuman el compromiso de aceptar y promover las reglas de la transparencia, porque de otro modo el objetivo no se podrá alcanzar.

Descripción: La era de la IA nos obliga a reflexionar sobre un nuevo paradigma que se viene gestando desde hace un tiempo en la vida de los Estados. Así, el advenimiento de la tecnología produjo una paulatina transformación en las reglas de funcionamiento de la sociedad, tales como el "datismo", que ha creado una nueva dimensión informacional (infosfera), modificando con ello el modo en el que los humanos conciben y se relacionan con la realidad. Este avance en la actualidad está cambiando al mundo: vehículos semiautónomos y autónomos, laptops cada vez más potentes, smartphones que casi pueden reemplazar a una computadora en la mayoría de sus funciones, pases de transportes y tarjetas bancarias con chips inteligentes, dispositivos wearables, electrodomésticos inteligentes, asistentes de voz, robots con IA incorporada, plataformas de e-commerce, sistemas de geolocalización, apps de delivery, etc. Todos estos dispositivos emiten de sus usuarios una cantidad ingente de datos, información en crudo de la que se pueden extraer patrones, tendencias y pautas de consumo. Toda esta realidad no fue ajena al campo electoral. En ese sentido, ya desde antes los partidos políticos y los candidatos comenzaron a utilizar cada vez más las redes sociales para llegar a los electores, movilizar apoyos y recaudar fondos; en tanto que los electores las usan para implicarse en las campañas y llamar la atención de los responsables políticos y de otros ciudadanos sobre problemáticas relacionadas con los comicios. De tal manera, los recursos destinados a la propaganda en plataformas digitales pasaron del casi 5 % en 2011 al 41 % en las elecciones legislativas del año 2021 (cf. datos de la Cámara Nacional Electoral). Algunos consideran que con la implementación de nuevas tecnologías en el campo político electoral se contribuye al fortalecimiento de una democracia participativa al contar con una ciudadanía más activa, pero también encontraremos a quienes "sin estar en contra" se ven preocupados por los abusos que pueden originarse con el uso malintencionado de aquellas que podría llegar a quebrantar la confianza en la integridad de los procesos electorales. Lo cierto es que, nos ubiquemos en cualquiera de las posturas antes descriptas, no puede soslayarse la influencia que está teniendo, en todo el mundo, la IA en la arena política-pública y por ende en las elecciones. Ahora bien, ¿cómo juegan en el campo de la IA los derechos fundamentales de participación política? ¿Pueden armonizarse estos conceptos? ¿Debilitan o fortalecen al sistema institucional? De ahí que resulte necesario estudiar las diversas experiencias internacionales sobre la materia, pues este es un tema que viene ganando presencia y terreno tanto en América como en Europa