Descripción:  La intención del siguiente trabajo es pensar cómo los discursos acerca de la realidad social son moldeados por instancias de poder favoreciendo la reproducción del orden establecido. Para esto nos posicionamos desde un paradigma epistemológico que interrelaciona estructura y subjetividad. Prestamos singular atención al funcionamiento de las agencias de poder, principalmente a las que constituyen el sistema penal, y cómo éstas operan en la práctica. Dentro del análisis de estas agencias debe prestarse principal atención a la instancia comunicacional pues ésta opera para la construcción y consolidación de un orden instituido. A este análisis debe sumarse la importancia que atribuimos a las clases sociales y cómo es que estas operan interactuando con las agencias de poder. A su vez, indagaremos los discursos producidos por las agencias comunicativas productoras de estereotipos que repercuten en el corpus social

Descripción: Este trabajo persigue repensar críticamente las últimas reformas introducidas en los Códigos procesales penales provinciales en términos del rol que desempeña el Ministerio Público Fiscal, titular de la acción pública, considerando el art. 120 de la Constitución Nacional, el art. 71 del Código Penal y el art. 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin perjuicio de la existencia de algunas innovaciones vinculadas con los principios del sistema acusatorio, lo cierto es que en ninguno de estos Códigos se ha eliminado la etapa de la instrucción, rémora del sistema inquisitivo. La investigación penal preparatoria, como se ha denominado a dicha etapa preliminar, de ningún modo implica consagrar un procedimiento penal que cumpla con las pautas de juicio oral, público, continuo y contradictorio.

Descripción: Desde sus primeros pasos, la Argentina apoyó la creación de un tribunal internacional que tuviera competencia para juzgar a individuos acusados de la comisión de los crímenes más graves que afectan a la comunidad en su conjunto. Por ello, en 1998, cuando se celebró la Conferencia de Roma, nuestro país comenzó un trabajo constante hacia la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la adaptación de su derecho interno a las obligaciones internacionales. Partiendo de esa premisa, en este trabajo se analizan las medidas de implementación que deben adoptar los Estados parte del Estatuto. Para ello, se estudia, en primer lugar, el por qué ciertos tratados requieren de la adopción de determinadas acciones para hacerlos efectivos. Seguidamente, se distinguen las diferentes obligaciones que surgen para los Estados parte del Estatuto de Roma. Por último, se vincula el punto anterior con las disposiciones de la Ley 26.200 mediante la cual se implementa en la Argentina el mencionado Tratado y se efectúa una comparación entre ambas normas