Descripción: En el año 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia definitiva en la causa ?Mendoza?, un proceso ambiental que fue delineado por el Alto Tribunal conforme a las pautas que se derivan del art. 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente. Durante su tramitación, se creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y se establecieron reglas de competencia particulares para ese proceso que dieron lugar a contiendas entre los magistrados. Partiendo de la noción de poder de policía y el deslinde de competencias entre el Estado federal y los Estados locales establecido en el texto de la Constitución Nacional, el presente trabajo tiene por objeto dar cuenta de las consecuencias que se derivan de la integración de la ACUMAR y del establecimiento de aquellas reglas, sobre las potestades de regulación en materia ambiental propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la competencia de los jueces locales.