Descripción: Desde sus primeros pasos, la Argentina apoyó la creación de un tribunal internacional que tuviera competencia para juzgar a individuos acusados de la comisión de los crímenes más graves que afectan a la comunidad en su conjunto. Por ello, en 1998, cuando se celebró la Conferencia de Roma, nuestro país comenzó un trabajo constante hacia la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la adaptación de su derecho interno a las obligaciones internacionales. Partiendo de esa premisa, en este trabajo se analizan las medidas de implementación que deben adoptar los Estados parte del Estatuto. Para ello, se estudia, en primer lugar, el por qué ciertos tratados requieren de la adopción de determinadas acciones para hacerlos efectivos. Seguidamente, se distinguen las diferentes obligaciones que surgen para los Estados parte del Estatuto de Roma. Por último, se vincula el punto anterior con las disposiciones de la Ley 26.200 mediante la cual se implementa en la Argentina el mencionado Tratado y se efectúa una comparación entre ambas normas