La emergencia y el estado constitucional de derecho

Dossier "Pensando el Covid y los derechos". -- La pandemia del coronavirus plantea una situación inédita de una verdadera emergencia por un hecho natural en un país acostumbrado a reiteradas emergencias económicas y sociales. De hecho, cuando la OMS declaró la pandemia, Argentina ya estaba en emergencia económica y amplió la emergencia sanitaria recurriendo a los DNU que recién ahora están siendo revisados por el Congreso. Los antiguos institutos de excepción como el estado de sitio y la intervención federal han contribuido a la vulneración de derechos y a la concentración del poder. Es menester superar el discurso "decisionista" por una actitud democrática, considerando la pandemia como un problema de todos y no una oportunidad para el cesarismo. El trabajo se propone demostrar la eficiencia de la separación de poderes para el control y la búsqueda de consenso en decisiones eficientes, respetando el liderazgo del presidente de la Nación pero abogando por un espacio de mayor consulta con todos los sectores. Asimismo, los institutos de emergencia incorporados por la reforma de 1994 deben cumplir con los trámites constitucionales.

The Coronavirus pandemic poses an unprecedented situation of a true emergency due to a natural event in a country used to repeated economic and social emergencies, in fact, when the WHO declared the pandemic, Argentina was already in an economic emergency and expanded the health emergency resorting to DNUs that are only now being reviewed by Congress. Former exception institutes such as the state of siege and federal intervention have contributed to rights violation and the concentration of power. It is necessary to overcome the "decisionist" discourse with a democratic attitude, considering the pandemic as a general problem and not an opportunity for Caesarism. This work aims to demonstrate the efficiency of the separation of powers and the search for consensus in efficient decisions, while respecting the leadership of the President and advocating for a space for greater consultation with all sectors. Likewise, the emergency institutes incorporated by the 1994 reform must comply with the constitutional procedures.