Los principios de derechos humanos como límites a las políticas migratorias : avances y retrocesos en la legislación argentina

En este artículo nos proponemos examinar algunos principios de Derechos Humanos provenientes del bloque de constitucionalidad federal y el modo en que podrían ser aplicados en materia migratoria. En primer lugar se realiza un examen de dos paradigmas legislativos en esta área (el de derechos humanos y el de seguridad) y cómo han sido recogidos en la legislación argentina a lo largo de nuestra historia. A continuación se repasan los principios más relevantes que deben ser tenidos en cuenta, como exigencia emanada del artículo 75.22 de la Constitución Nacional, tanto por la autoridad administrativa como por los tribunales judiciales que revisan sus decisiones. Tales principios influyen tanto en los procedimientos relacionados con la expulsión de extranjeros como en el contenido de las decisiones que se adopten al respecto. Se postula que más allá de contingentes políticas legislativas en materia migratoria, existe un corpus de derechos fundamentales, que provienen tanto de la Constitución Nacional como de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que limitan la capacidad del Estado de introducir una perspectiva securitaria en nuestra legislación.

In this paper we discuss some Human Rights principles embodied in the federal constitutionality block and how they could be applied in regard to migrations. First we describe two paradigms that can be found in this area (the human rights paradigm and the security paradigm) and their reception in Argentine laws. Then we revise the more relevant principles that must be considered both by administrative authorities and judicial courts, as required by article 75.22 of the National Constitution. These principles are relevant in procedures leading to the expulsion of aliens and in the substantive decisions adopted in these matters. We finally argue that whatever the migratory policy is, there is a body of fundamental rights contained in the Constitution and in international instruments of human rights that limit the ability of the State to introduce a national security perspective in our legislation.