La acreditación de las carreras de grado en Derecho en la Argentina a la luz de la experiencia internacional

Las carreras de grado en Derecho en la Argentina están atravesando un proceso de acreditación obligatoria. El Ministerio de Educación ha adoptado recientemente normas y estándares para el control de la calidad que todas las facultades de Derecho deben seguir. Si bien las autoridades argentinas han elegido el procedimiento para la evaluación de la calidad de la educación recogido en países con mayor tradición en acreditación de carreras universitarias, la normativa ideada para la acreditación se distancia de la experiencia internacional en ciertas cuestiones que son esenciales para asegurar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, tales como la no exigencia del título máximo para el cuerpo docente, la no exigencia de contratar profesores con dedicación de tiempo completo y la ausencia de la obligación de adoptar un diseño curricular basado en competencias. Los estándares incorporan aspectos muy positivos, entre los que se incluyen una concepción del Derecho tanto como disciplina profesional cuanto como disciplina autónoma dentro de las Ciencias Sociales y un rol preponderante a las actividades de investigación de los estudiantes a lo largo de todo el plan de estudios. Además, los estándares exigen la formación para la práctica profesional, la cual es concebida en términos amplios y no está restringida a la preparación para litigar ante las cortes.

Undergraduate Law programs in Argentina are undergoing a mandatory process of accreditation. The Ministry of Education has recently issued regulations and standards for quality control, which all law schools have to abide by. While Argentine authorities follow the procedure generally used in states with a long history of university program reviews, the regulations fail to require some issues which are essential for assuring quality student learning, such as failure to demand professors to have Ph.D.s, failure to demand law schools to hire full-time faculty, and failure to mandate an outcome-based curriculum. The standards do have some very positive aspects. These include a conception of Law as both a professional discipline and as an independent Social Science discipline. Additionally, the standards give student research a preponderant role that goes across the whole curriculum. The standards also mandate law schools to prepare students for legal practice, which is conceived of in very broad terms and is in no way limited to preparation to litigate before the courts.