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Palabras contadas: unidos: 3, estados: 22
Thus, Valeria
En: Pensar en Derecho, a. 2, no. 2
2013

Descripción: La coexistencia de dos sistemas positivos para la protección de derechos fundamentales (el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional local) puede generar alguna disonancia e incluso conflicto. Para procurar reducir estas divergencias, existen alternativas que van desde la imposibilidad de aplicación del derecho constitucional local (uso autoritativo del derecho internacional) hasta la negación expresa del derecho internacional de los derechos humanos (la posición tradicional de Estados Unidos en materia de libertad de expresión). Entre uno y otro extremo, Europa ha optado por un sistema que procura la confluencia de la aplicación de los dos sistemas, no siempre con éxito. La posición de algunos estados europeos a favor de la punición de las prácticas negacionistas es un ejemplo claro de ello. Si bien en los últimos años la jurisprudencia internacional y regional europea se ha consolidado a favor del antinegacionismo jurídico, esta tendencia parece haberse revertido a partir del fallo de Tribunal Superior Constitucional de España (STC 235/2007) que declaró la inconstitucionalidad del delito de negacionismo por entender que no era compatible con el artículo 20.1 CE, que garantiza el derecho a la libertad de expresión. Al desconocer los lineamientos estipulados por el DIDH frente al tratamiento de las "leyes memoriales", reabre el debate respecto del alcance y la eficacia del sistema internacional de derechos humanos frente a los ordenamientos jurídicos locales y da cuenta de esta tensión manifiesta. A esta situación de por sí controversial, se la suma que las directivas estipuladas desde el derecho internacional no han sido lo suficientemente claras y unívocas. Luego de exhortar a los estados a legislar el delito de negacionismo, de haber formulado condenas en sus decisiones individuales, el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General Número 34, ha vuelto sobre sus pasos al declarar con firmeza que este tipo de leyes son incompatibles con el PIDCyP. Este tipo de contradicciones por parte de uno de los organismos más relevantes de la comunidad internacional va en desmedro de la posibilidad de reducción de las disonancias en el debate derecho local vs. derecho internacional. Resulta esencial que los órganos de derechos humanos establezcan pautas y criterios orientadores claros de modo que los estados puedan comprender en qué sentido deben adecuar su ordenamiento jurídico interno, generando mayor cohesión a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.
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Tipo de documento: artículo  | Formato: application/pdf  (tamaño kb)  | p. 81-121

Aporte: Biblioteca de la Facultad de Derecho

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Lázaro, Alejandra
En: Pensar en Derecho, a. 4, no. 07
2015

Temas:   Financiamiento partidario      Transparencia    Equidad    Límites    Mecanismos de control    Compromiso    Financing      Transparency    Limits    Equality    Control    Comimitment    Argentina     

Descripción: La cuestión del financiamiento de los partidos políticos es de suma importancia, acorde a las funciones que estos cumplen dentro del sistema democrático. En la actualidad resulta impensable que las organizaciones políticas puedan cumplir sus fines sin disponer de recursos económicos y financieros toda vez que la revolución tecnológica y los cambios culturales han modificado la forma de hacer política y su comunicación de manera determinante, repercutiendo en las economías partidarias. Si bien cada país ha regulado esta materia de manera diversa, todas presentan rasgos comunes que han permitido elaborar un esquema básico con las características más relevantes de cada uno. Se conocen así tres tipos de financiamiento: público, privado o mixto, según si los fondos provienen del estado, de aportes privados o de ambos. La República Argentina, que evidenció durante décadas un contexto social y jurídico bastante permisivo en relación a democracias más avanzadas como Estados Unidos o el Reino Unido, ha adoptado un sistema de financiamiento mixto. A partir de la década de 1980, y a medida que el sistema institucional se iba consolidando, la demanda de la ciudadanía por una mayor transparencia en el manejo de los fondos partidarios fue aumentando. Sin embargo, fue recién en el año 2001 como parte de la respuesta a la crisis de confianza alcanzada que se dictó una ley específica sobre el financiamiento partidario. Las disposiciones contables contenidas en la ley de partidos políticos Nº23.298 resultaban insuficientes a la hora de controlar sus finanzas, no solo respecto al límite de sus gastos sino también en los aportes recibidos. El objetivo era encontrar formas superadoras de fiscalización que resultaran eficaces, además de garantizar transparencia y equidad en la asignación y destino de los fondos. De este modo, el 12 de junio de 2001 se sancionó la ley 25.600 que rigió hasta el año 2007, cuando se dictó la ley Nº26.215 que fuera a su vez modificada de manera sustancial en 2009 a través de la reforma introducida por la ley 26.571. El régimen de financiamiento argentino es completo, prevé la asignación de fondos para el desenvolvimiento institucional de los partidos y para las campañas. Establece límites de gastos, de aportes, nuevos mecanismos de control y sanciones. Un avance fue imponer a los partidos la presentación de un informe previo de campaña, propendiendo al voto informado del elector, además del informe final documentado. No obstante, queda camino por recorrer y para ello se necesita que quienes actúan en la política asuman el compromiso de aceptar y promover las reglas de la transparencia, porque de otro modo el objetivo no se podrá alcanzar.
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Tipo de documento: artículo  | Formato: application/pdf  (tamaño kb)  | p. 137-165

Aporte: Biblioteca de la Facultad de Derecho

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Tolone Azzariti, Salvatore
En: Pensar en Derecho, a. 9, no. 15
2020

Descripción: El presente artículo parte de la premisa de que la interpretación y la aplicación de los derechos constitucionales en el derecho privado, en un sistema pluralista de Estado de Derecho, se desarrollan mediante su reconocimiento según formas de ejercicio igualmente plurales. Asimismo, se evidencia cómo, bajo un perfil metodológico, la estructuración de las reglas depende de los procesos formativos jurisprudenciales y de qué modo, desde un perfil sistemático, la igualdad en la aplicación -tratamiento igual de lo que es igual- asume naturaleza constituyente. Los elementos teoréticos, normativos y materiales son sujetos a un régimen de coesencialidad para la formación y concretización de los conceptos y la constante redefinición de sus elementos constitutivos. Este trabajo muestra cómo la aplicación posee una naturaleza lógica autónoma con respecto a la interpretación en sí, e implica una doble función simultánea: la concretización de las normas y el control de coherencia de la decisión adoptada con el sistema normativo. Simétricamente, desde la perspectiva iusprivatística, las situaciones subjetivas solo concretizadas en las fattispecie son reconocidas según un régimen de existencia, configuración conceptual precisa y eficacia correlativa. A partir de este marco teórico, el objetivo del presente artículo es examinar la institución de la exención religiosa en los Estados Unidos desde la perspectiva de la situación subjetiva de derecho privado, y abordar de qué modo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se identifican, de manera privilegiada, áreas de contraste entre tal institución y el Estado de Derecho. En estas líneas se aborda la carencia de un concepto reconocido de religión como consecuencia de la autorrestricción en sede judicial, principalmente por parte de la Corte Suprema, y la consecuente indeterminación taxonómica en la aplicación. En este sentido, se refuta la posibilidad de su fundación doctrinal a través del método analógico o, como hipótesis, a partir del pensamiento por tipo. Asimismo, se focaliza la secuencia de efectos que conduce al desplazamiento conceptual de la libertad de conciencia por parte de la libertad de religión en la interpretación de la Primera Enmienda.
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Tipo de documento: artículo  | Formato: application/pdf  (tamaño kb)  | p. 263-372

Aporte: Biblioteca de la Facultad de Derecho

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