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4 documentos corresponden a la consulta.
Palabras contadas: control: 22, social: 56
Zuleta Puceiro, Enrique
En: Pensar en Derecho, a. 1, no. 1
2012

Tipo de documento: artículo  | Formato: application/pdf  (tamaño kb)  | p. 9-41

Aporte: Biblioteca de la Facultad de Derecho

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Caramelo Díaz, Gustavo D.
En: Pensar en Derecho, a. 4, no. 06
2015

Descripción: El autor aborda el tema del "activismo judicial", distinguiendo el rol profesional de los jueces, según la rama del derecho en la cual desarrollan sus tareas y especificando los aspectos relativos a las garantías de los derechos humanos de naturaleza social.
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Tipo de documento: artículo  | Formato: application/pdf  (tamaño kb)  | p. 99-114

Aporte: Biblioteca de la Facultad de Derecho

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Zaffaroni, Eugenio Raúl - Croxatto, Guido Leonardo
En: Pensar en Derecho, a. 4, no. 07
2015

Descripción: El objetivo central del presente trabajo es abordar de un modo crítico un tipo penal presente en el Estatuto de Roma, que se mantuvo, sin embargo, casi una década (2002-2010) como un tipo penal abierto, hasta su definición en la Conferencia de Kampala, en Uganda, en 2010: el crimen de agresión. Se pretende llevar adelante una lectura crítica de la definición alcanzada en Uganda, mostrando que la misma es notoriamente insuficiente, porque no alcanza de modo eficiente a cubrir las formas que la agresión cobra en el siglo XXI, con los enormes avances de la tecnología, avances que condicionan y determinan -de un modo claro y profundo- las nuevas formas que la agresión cobra en el plano internacional. Estos avances condicionan de modo profundo también la forma en que pensamos y preservamos la privacidad y sobre todo la forma en que la misma es (o debiera ser) pensada y preservada por los Estados. De este modo, se espera sostener que, bajo el formato actual, el tipo penal presente en el Estatuto de Roma sirve para concentrarse solo en las agresiones más toscas o precarias (o "tradicionales"), que son cometidas en general por Estados menos -o poco- desarrollados económicamente (como muchos países de África, sobre los cuales se concentra casi exclusivamente la actividad de la Corte Penal Internacional, como ha sido cuestionado por diversos autores, como Danilo Zolo), siendo funcional al ejercicio de la jurisdicción concentrada en países pobres (o emergentes), pero dejando de lado, en una forma de doble estándar (tan común en el derecho internacional), las formas más evolucionadas o refinadas de la "agresión", dejando impunes (como ha sido la tendencia histórica) las agresiones de los Estados -países, economías- más poderosos. Se espera analizar también en este trabajo las distintas formas que adoptan los mecanismos de control en las sociedades actuales.
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Tipo de documento: artículo  | Formato: application/pdf  (tamaño kb)  | p. 325-399

Aporte: Biblioteca de la Facultad de Derecho

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Lázaro, Alejandra
En: Pensar en Derecho, a. 4, no. 07
2015

Temas:   Financiamiento partidario      Transparencia    Equidad    Límites    Mecanismos de control    Compromiso    Financing      Transparency    Limits    Equality    Control    Comimitment    Argentina     

Descripción: La cuestión del financiamiento de los partidos políticos es de suma importancia, acorde a las funciones que estos cumplen dentro del sistema democrático. En la actualidad resulta impensable que las organizaciones políticas puedan cumplir sus fines sin disponer de recursos económicos y financieros toda vez que la revolución tecnológica y los cambios culturales han modificado la forma de hacer política y su comunicación de manera determinante, repercutiendo en las economías partidarias. Si bien cada país ha regulado esta materia de manera diversa, todas presentan rasgos comunes que han permitido elaborar un esquema básico con las características más relevantes de cada uno. Se conocen así tres tipos de financiamiento: público, privado o mixto, según si los fondos provienen del estado, de aportes privados o de ambos. La República Argentina, que evidenció durante décadas un contexto social y jurídico bastante permisivo en relación a democracias más avanzadas como Estados Unidos o el Reino Unido, ha adoptado un sistema de financiamiento mixto. A partir de la década de 1980, y a medida que el sistema institucional se iba consolidando, la demanda de la ciudadanía por una mayor transparencia en el manejo de los fondos partidarios fue aumentando. Sin embargo, fue recién en el año 2001 como parte de la respuesta a la crisis de confianza alcanzada que se dictó una ley específica sobre el financiamiento partidario. Las disposiciones contables contenidas en la ley de partidos políticos Nº23.298 resultaban insuficientes a la hora de controlar sus finanzas, no solo respecto al límite de sus gastos sino también en los aportes recibidos. El objetivo era encontrar formas superadoras de fiscalización que resultaran eficaces, además de garantizar transparencia y equidad en la asignación y destino de los fondos. De este modo, el 12 de junio de 2001 se sancionó la ley 25.600 que rigió hasta el año 2007, cuando se dictó la ley Nº26.215 que fuera a su vez modificada de manera sustancial en 2009 a través de la reforma introducida por la ley 26.571. El régimen de financiamiento argentino es completo, prevé la asignación de fondos para el desenvolvimiento institucional de los partidos y para las campañas. Establece límites de gastos, de aportes, nuevos mecanismos de control y sanciones. Un avance fue imponer a los partidos la presentación de un informe previo de campaña, propendiendo al voto informado del elector, además del informe final documentado. No obstante, queda camino por recorrer y para ello se necesita que quienes actúan en la política asuman el compromiso de aceptar y promover las reglas de la transparencia, porque de otro modo el objetivo no se podrá alcanzar.
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Tipo de documento: artículo  | Formato: application/pdf  (tamaño kb)  | p. 137-165

Aporte: Biblioteca de la Facultad de Derecho

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